De Zapatero a Sánchez: La Reapertura de la Brecha en España

Un sueño, que abre el diálogo, cierra una brecha y un análisis crítico: una lección de respeto, historia y amistad

La noche del día 26 de octubre de 2025, cuando terminé de escribir un breve ensayo de crítica política e histórica que titulé De Zapatero a Sánchez: La Reapertura de la Brecha en España, el reloj marcaba las 00:35. Tenía cita médica al día siguiente y debía levantarme temprano para acudir a cardiología, en Córdoba, a una revisión rutinaria. Guardé el trabajo en un pendrive —lo revisaría en mi tablet mientras aguardaba la hora de la cita, que siempre solía implicar una larga espera— y me fui a la cama.

Mi mente seguramente me jugó una mala pasada; quizá fue solo un pensamiento, o tal vez un sueño tan real que parecía estar sucediendo, tan claro y evidente como sé que estoy escribiendo esto.

Vi a algunos amigos míos socialistas que me hablaban. Aunque algunos parecían comedidos en su crítica a mi trabajo, otros elevaban el tono y dejaban escapar algún que otro exabrupto, y el vocablo con el que más se me ha calificado en el último año: facha.

Nítidamente escuché a Juan Carlos decirme:

—Antonio, este es un ensayo de crítica política e histórica realizado desde una perspectiva conservadora.

—Juan Carlos —respondí—, ¿me lo puedes rebatir desde tu visión de izquierdista, para así poder entender dónde me he excedido? Porque creo que la Transición fue un acto supremo de concordia, y las leyes de memoria lo traicionan.

—Tú dices que la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y la Ley de Memoria Democrática de Sánchez reabrieron la “brecha” entre los españoles, desgarrando una herida que estaba cicatrizando, y que son leyes partidistas.

Nosotros entendemos que el objetivo principal de estas leyes no es reabrir heridas, sino precisamente cerrar una deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, garantizando los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. La Transición de 1978 se basó en un “pacto de silencio” o amnesia, dejando a miles de víctimas sin reconocimiento ni la posibilidad de recuperar los restos de sus familiares. Estas leyes buscan reparar esa injusticia histórica, un proceso común en democracias que han superado regímenes autoritarios.

—Son tesis contrapuestas que se basan en la priorización de diferentes principios —contesté.

Yo me alineo con la idea de que la Constitución Española de 1978 y la Transición fueron un éxito fundamental que garantizó la convivencia democrática y el respeto a los derechos. Critico a Zapatero y Sánchez por “volver a abrir la brecha” y desgarrar una herida que estaba cicatrizando.

Afirmo que la Historia es obra del entendimiento, mientras que la memoria histórica es necesariamente parcial y partidista.

En mi texto digo que el PSOE, impulsado por Largo Caballero, se orientó hacia el socialismo revolucionario en 1933 y fue responsable de actos como la insurrección de 1934 y el asesinato de Calvo Sotelo. Cito una frase del propio Azaña, quien dijo que Franco se levantó contra los desmanes de la República.

¿Acaso no hubo víctimas en el otro bando antes de 1936?

—Sí, por supuesto que hubo víctimas en el “otro bando” —respondió Juan Carlos—, la derecha, los católicos, los conservadores, los monárquicos, etc., antes del alzamiento de 1936. Es un hecho histórico ampliamente reconocido que forma parte de la compleja y violenta crisis de la Segunda República.

El problema histórico y legal en el debate de la Ley de Memoria Democrática no es la existencia de esas víctimas, sino la naturaleza del Estado que causó o toleró la violencia.

—Lo que afirmo —dije— es que la violencia política en España no comenzó el 18 de julio de 1936. La Segunda República (1931-1936) fue un período de gran inestabilidad y violencia política creciente, con víctimas en ambos lados:

Víctimas de la izquierda: los reprimidos en la Revolución de Asturias de 1934 (impulsada por el PSOE y otros), donde hubo cientos de muertos.

Víctimas de la derecha: terratenientes, católicos, religiosos y figuras políticas, siendo el caso más notorio el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica, el 13 de julio de 1936, a manos de un pistolero del PSOE. Este evento es, para mí, determinante y el detonante de la Guerra Civil.

—La República —replicó Juan Carlos—, a pesar de sus graves fallos e inestabilidad (e incluso si “no supo, no pudo o no quiso estar a la altura”), era un régimen democrático, con una Constitución y un Parlamento. Los actos violentos dentro de ese período, aunque condenables, no destruyeron la estructura democrática.

El franquismo, por el contrario, fue el régimen que destruyó la democracia —la Segunda República— y la sustituyó por una dictadura que persiguió a sus oponentes durante cuatro décadas. La Ley de Memoria Democrática, por lo tanto, condena expresamente el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.

—Acaso la ley no esconde a esas víctimas —insistí—. Aquí tenemos una controversia: vosotros, los socialistas, desde vuestra perspectiva, consideráis que la ley no las oculta; en mi texto, y desde la crítica conservadora, pensamos que sí, o al menos se las ignora intencionadamente al no incluirlas en el foco de la reparación institucional.

—Nadie niega que hubo víctimas en el otro bando antes de 1936 —replicó Juan Carlos—, pero la ley se enfoca en la reparación de las víctimas del franquismo, porque entiende que solo el franquismo fue el régimen que destruyó la democracia y que, como Estado, es el responsable histórico que debe ser condenado.

—Me parece —dije— que se está enjuiciando desde los ojos de hoy los acontecimientos acaecidos en esa época, y eso es el concepto de presentismo: la tendencia a juzgar el pasado con los valores, conocimientos o estándares éticos del presente.
La Ley de Memoria Democrática se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, conceptos plenamente desarrollados en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Los críticos argumentan que juzgar la extrema violencia y polarización de los años treinta bajo la lente de la actual estabilidad democrática no considera que España estaba al borde del colapso político y social. Jueces, políticos y militares de aquella época operaban bajo códigos, leyes y sensibilidades muy diferentes.

—La Ley de Memoria Democrática —respondió Juan Carlos— (y los principios de la memoria histórica) sostiene que es necesario y legítimo juzgar el pasado desde el presente por dos razones fundamentales, que trascienden el mero ejercicio histórico:

1. Obligación moral y legal universal. La ley y las políticas de memoria no pretenden ser un ejercicio de historia académica —que sí debe evitar el presentismo—, sino un ejercicio de derecho y moral pública.

2.     La naturaleza ilegítima del régimen franquista. El foco de la ley no está en la violencia política de la República, sino en la violencia institucionalizada del Estado franquista.

—¿Tú crees —preguntó Juan Carlos— que la República pudo haber parado el golpe e incluso evitar tres largos años de guerra?

—Esa es una de las preguntas más difíciles y dolorosas de la historia de España —respondí—: ¿podría la República, como gobierno legítimo, haber evitado el golpe de 1936 y la subsiguiente guerra? La respuesta es que sí, era posible, pero solo si hubiera tomado medidas extremas y en el momento preciso.

El fracaso de la República para evitar la guerra se debió a una combinación de debilidad, parálisis y errores de cálculo, especialmente tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.

El golpe militar pudo haberse evitado si la República hubiera logrado desactivar los principales focos de desestabilización, un ejercicio de equilibrio que requería autoridad y mano dura contra ambos extremos.

En conclusión, la República tenía la legitimidad legal y, al principio, la fuerza potencial para sofocar el golpe. Sin embargo, su debilidad política, su incapacidad para controlar a su propia base radical y su parálisis ante la conspiración permitieron que el conflicto se convirtiera en una guerra civil. La debilidad de la República fue la condición que la hizo posible.

—El sector del Frente Popular que tomó las decisiones clave tras 1936 —añadió Juan Carlos— actuó como si no le importara, o como si no pudiera negociar con la “media España” que se sentía excluida.

El gran error del gobierno legítimo del Frente Popular fue su incapacidad para gobernar con moderación tras la victoria, algo esencial dada la estrechez de los resultados y la profunda polarización.

En lugar de buscar la concordia con los sectores moderados de la derecha, el gobierno fue ineficaz a la hora de frenar a su propia base más radical. Permitió que la violencia en las calles, las ocupaciones de tierras y la quema de iglesias se desbordaran.

Se confirmaron los miedos de la derecha: al no imponer el orden y la ley, el gobierno legítimo permitió que se confirmara el peor temor de los conservadores, que la República se había convertido en un régimen incapaz de protegerles y que se dirigía hacia una revolución comunista o anarquista.

El sector más moderado del Frente Popular —como Manuel Azaña— sí temía la reacción de la derecha y la guerra, y constantemente advirtió sobre el caos. Sin embargo, el sector con mayor influencia política y capacidad de acción (el PSOE de Largo Caballero y la base militante) actuó con una retórica y una práctica que ignoraban la existencia de esa “media España” que se sentía amenazada.

—En resumen —dije—:

La República no fue consciente de que su legitimidad electoral no se traducía en legitimidad de convivencia para la mitad del país. Actuó como si la otra mitad no existiera o como si pudiera ser doblegada, creando el escenario perfecto para que los militares golpistas se presentaran no solo como salvadores de la Patria (su justificación política), sino también como garantes del orden (su justificación social).
El fracaso de la República consistió en no prever que la “media España” descontenta y temerosa se uniría a los militares sublevados, costando tres años de guerra.

—¿Y por qué —pregunté entonces—, a medida que la guerra avanzaba, nadie hizo por pararla?

—Porque el conflicto —respondió Juan Carlos— se transformó en una guerra total e ideológica, donde los objetivos de la victoria eran más importantes que el coste humano, y las potencias externas no intervinieron para mediar, sino para participar.
Una vez establecida la línea del frente, el conflicto dejó de ser una escaramuza militar y se convirtió en una lucha a muerte entre dos visiones irreconciliables de España.

Para el bando sublevado (nacional), Franco y los líderes militares no podían aceptar una paz sin victoria total. Su objetivo declarado no era negociar, sino “salvar a España” del comunismo y el caos; cualquier cese del fuego sin una rendición incondicional habría significado el fracaso de su “cruzada”.

Para el bando republicano (leal), el fin de la guerra sin victoria significaba la desaparición de la República, el fin del proyecto democrático y la persecución de sus militantes. La rendición no era una opción, ya que equivalía al fusilamiento o al exilio de miles de personas, como efectivamente sucedió.

La Guerra Civil no tuvo mediadores neutrales ni figuras capaces de negociar la paz, y la estructura de los bandos lo impedía.

—Convendrás conmigo —dije— que, en ambos bandos, las voces moderadas o quienes pedían una negociación fueron marginados o eliminados. En el bando sublevado, la voluntad de Franco era suprema; en el republicano, la polarización entre comunistas, socialistas y anarquistas hizo imposible una estrategia coherente que permitiera negociar una salida.

Hubo intentos de “paz sin victoria”, especialmente hacia el final de la guerra —como el golpe del coronel Casado en Madrid—, que buscaban una rendición honrosa para evitar el asalto final. Sin embargo, Franco siempre se negó rotundamente a cualquier negociación que no fuera la rendición incondicional.

En resumen, la guerra duró tres años porque ninguno de los líderes en los frentes internos —Franco y, hasta el final, los líderes republicanos— tenía un interés político en parar la lucha sin la victoria total. Las potencias internacionales tampoco tuvieron la voluntad de imponer la paz.

—Tu conocimiento y precisión —me dijo Juan Carlos— demuestran tu compromiso con un relato histórico que rechaza la simplificación y la idealización de cualquiera de los bandos. Ha sido un placer debatir con tanta profundidad.

—Te agradezco enormemente tu participación, tu conocimiento y tu compromiso con la complejidad histórica —le respondí—. Doy por concluida nuestra interesante charla. Ojalá todos pudiésemos entendernos así; creo que esta conversación ha sido de utilidad.

—Charlas como esta —dijo Juan Carlos— evitarían la polarización que está cimentándose en nuestra sociedad, con verdades a medias y posturas radicalizadas. Adiós, amigo.

—Adiós, Juan Carlos.

Desperté. Eran las 01:45, apenas una hora y diez minutos después de haberme acostado. Sentía que mi escrito era necesario, que debía expresar lo que pienso, aun cuando pudiera ser calificado como “un ensayo de crítica política e histórica realizado desde una perspectiva conservadora”.

La voz amable de mi amigo me demostró que el verdadero valor del ensayo no reside en su tesis, sino en la conversación que genera.

Porque, si en lugar de proceder al insulto o al ninguneo de quien piensa diferente somos capaces de debatir, seguramente hallaremos un punto de entendimiento que nos haga comprender que juntos podemos construir un mundo mejor.

La brecha no se cierra con leyes, sino con diálogos como este.

Me levanté, encendí mi ordenador y releí mi ensayo. Lo hice convencido de que se puede decir lo que se piensa desde cualquier ideología política y que siempre, siempre, se debe evitar el enfrentamiento; pues este es, a fin de cuentas, el fracaso de no saber entenderse.

Ensayo de crítica política e histórica

De Zapatero a Sánchez: La Reapertura de la Brecha en España

La Constitución Española de 1978 supuso un cambio significativo en la historia de España, marcando el final de la dictadura franquista y el inicio de un régimen democrático. Esta Constitución fue fundamental para establecer los derechos y deberes de los ciudadanos, garantizando la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales. Además, se considera un símbolo de la transición hacia la democracia, promoviendo principios como la legalidad y la seguridad jurídica.

Pero hete aquí que llegó a presidente de España quien no solo arruinó el país —eso sí, él se jubiló con cincuenta y dos años y 150.000 €—: José Luis Rodríguez Zapatero. Pero eso no fue lo peor; lo trágico es que volvió a abrir la brecha entre derecha e izquierda, entre nacionales y rojos. Aquella herida que se estaba cerrando y comenzaba a cicatrizar se desgarró con una ley: la Ley de Memoria Histórica.

Esta ley, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil de España y en la dictadura franquista, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, fue una norma del ordenamiento jurídico español aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. Partió del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2006, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX legislaturas) como presidente del Gobierno. Incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

Pero esta ley es partidista, porque la historia siempre es memoria; nadie puede tener memoria de algo que antecede a su propia vida, y por ello la Historia no se reduce a la memoria. La Historia no es sencillamente un recuerdo del pasado: es una interpretación o reconstrucción de las reliquias que permanecen en el presente y una ordenación de estas. Por lo tanto, la Historia es obra del entendimiento, no de la memoria.

Entonces ocurre que la memoria histórica o personal es necesariamente parcial y partidista, porque una persona es solo parte de la historia, y la biografía es importante para la historia en la medida en que ella es una reliquia, una parte más a interpretar. El peligro, por tanto, de la pretensión de convertir las memorias personales —o de grupos de personas—, necesariamente parciales (partidistas), en memoria histórica objetiva o total, es evidente. En realidad, se trata de una pretensión reivindicativa. La memoria histórica, en cuanto memoria personal, subjetiva o de grupo que es, tiene siempre un componente reivindicativo. No digo que la reivindicación no deba hacerse, solo digo que no es una memoria histórica universal, común y objetiva.

Porque, contradictoriamente, la memoria histórica propone retirar del callejero de una ciudad los nombres de los golpistas que se alzaron contra la República; una memoria histórica que, por otra parte, no pide eliminar los de otros golpistas contra la República, los de octubre de 1934, como Ramón González Peña o Belarmino Tomás. Dicho de otro modo, la memoria histórica solo puede aproximarse a la imparcialidad cuando deje de ser memoria y se convierta simplemente en historia. Por tanto, la reivindicación de las memorias personales, contra todo tipo de amnesia y de amnistía, no debe hacerse en nombre de la memoria histórica común, sino en nombre, o bien de la memoria individual o familiar, o bien de planes y programas políticos o científicos. Esto explica por qué la llamada memoria histórica no es propiamente memoria, sino selección partidista.

Lo peor de todo es la incultura: no conocer el pasado o maquillarlo de tal modo que hoy, quienes no opinamos como el Gobierno actual —a la cabeza, Pedro Sánchez, un digno discípulo de Zapatero, aunque quizás más taimado que él—, somos “fachas”, o “ultras”, o estamos en la “fachosfera”. Obviamente, el vocablo facha ha quedado muy devaluado, y el nuevo término utilizado por Sánchez, fachosfera —muy conocido en Francia y EE. UU.—, se emplea para ningunear a todos aquellos que no le bailen el agua.

Por otra parte, la Ley de Memoria Democrática fue aprobada el 5 de octubre de 2022, ya con el gobierno de Sánchez. Esta ley, que se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reivindica expresamente la Transición y la defensa de los valores democráticos, y condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Esta ley quiere romper con la Transición española y, de paso, volver a enfrentarnos los unos a los otros.

Una pregunta: el asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, llevado a cabo por un pistolero del PSOE, Luis Cuenca Estevas, que le disparó dos tiros en la nuca, ¿cómo lo valora esta ley? Porque es determinante para lo que pasó el 18 de ese mismo mes y, entre otras muchas causas, fue el detonante de la Guerra Civil Española. ¿Dónde quedó la inmunidad parlamentaria de Calvo Sotelo cuando fue detenido? ¿Y la inviolabilidad del domicilio?

Según Ian Gibson, “era un hombre indudablemente valiente, que no perdía fácilmente la cabeza… En aquellos momentos tiene que haberse dado cuenta de que el registro era ilícito y sospechado que lo iban a asesinar. Pero, por lo visto, no creó una escena violenta, acaso para ahorrarle el espectáculo a su familia”. El socialista Julián Zugazagoitia, cuando el autor del asesinato le contó lo que había hecho, dijo: “Ese atentado es la guerra”.

Sí, amigos, sí: el PSOE, ese partido que ahora pretende cambiar la historia, no quiere que sepamos que ni los buenos eran tan buenos ni los malos tan malos. Pretende que se conozca solo una parte de la historia. Yo podré infringir la ley, pero espero que todos tengamos la valentía de contar todo lo acontecido en aquel nefasto periodo de la historia de España que comienza en aquel fatídico año de 1933, a partir del cual el PSOE, impulsado por Largo Caballero, se orientó hacia el socialismo revolucionario, una orientación en la que el pacto con los republicanos no tenía cabida. Azaña intentó disuadir a los socialistas de lanzarse a una insurrección puramente obrera y procuró atraerlos hacia un pronunciamiento pacífico y fiel a los principios de 1931; no tuvo éxito. La Segunda República no supo, no pudo o no quiso estar a la altura de lo que se esperaba de ella. Y acabó como acabó. Fue el propio Azaña, presidente de la República, quien llegó a decir que Franco no se levantó contra la República, sino contra los desmanes de la misma.

Pero aquí estamos, enredados en un pasado que algunos quieren cambiar, tergiversando la historia, ocultando una parte de ella y, de paso, enfrentándonos unos contra otros, prendiendo una mecha que puede acabar por quemarnos a todos.